Transcribo el artículo que publiqué en el diario El Comercio el 17 de octubre del 2014 (Sección Debate del Cuerpo A) sobre si es que el Estado debe o no financiar a los partidos políticos. Yo estoy en contra, a favor escribió el señor Francisco Távara. El debate en su integridad se puede leer aquí.

El Estado no debe financiar

Las personas votan de varias maneras, no solo con el sufragio. El tiempo que dedican a promover ideas quienes creen en un proyecto político o el dinero que aportan son en realidad votos que estas personas realizan para manifestar sus preferencias.

Los partidos políticos lo saben. Tienen los incentivos para procurar que las personas voten por ellos con el dinero de las mismas personas. Las convencen de que vale la pena financiar sus campañas para que puedan implementar sus ideas, una vez en el poder.

Si el Estado decide financiar directamente a los partidos políticos, entonces trastoca este sistema de incentivos. Hace que los políticos tengan menos alicientes para convencer a los demás acerca de por qué vale la pena apoyar sus ideas. Hace que se enfoquen más en obtener subsidios estatales.

Esto se agrava debido a que los partidos políticos que acceden a subsidios gozan de una ventaja indebida con respecto a los que quieren ingresar en la política. Se entorpece la competencia.

Un sistema de financiamiento estatal hace que los nuevos proyectos políticos estén en desventaja frente a los partidos políticos establecidos. Estos últimos no solo tendrán a su favor la masa de simpatizantes que hayan podido captar y mantener a lo largo del tiempo, sino también el dinero de los subsidios del Estado.

Algún defensor del reparto indiscriminado de nuestros tributos dirá que los partidos políticos son demasiado importantes para la democracia como para no ser apoyados por el Estado. Que el financiamiento estatal evitará la corrupción, cuando el financista de una campaña exige recuperar su “inversión” mediante favores estatales o que en sociedades pobres los ciudadanos no pueden aportar dinero a los partidos políticos y, por lo tanto, debe hacerlo el Estado.

Estos argumentos carecen de sentido.

El hecho de que ciertas instituciones sean importantes para el proceso democrático no implica, en absoluto, que el Estado deba subsidiarlas. Si ese fuese el caso, el Estado debería subsidiar a los medios de comunicación, pues sin libertad de expresión no hay democracia. O quizá debería pagar a la gente para que vaya a votar, en lugar de multarla.

Es quimérico pensar que el financiamiento estatal logrará evitar la corrupción que pueda generarse con respecto a los financistas privados. El hecho de que los partidos sean financiados por el Estado no impide que también lo sean por los privados. Si esto quiere evitarse, entonces mejor invirtamos ese dinero en un sistema de administración de justicia que funcione.

En las sociedades pobres resulta aun más absurdo que en las ricas que el Estado financie a los partidos políticos. No hay almuerzo gratis. El costo de oportunidad de financiar partidos políticos es dejar de invertir el dinero de los contribuyentes en seguridad, educación, salud o infraestructura. Estas áreas son bastante más importantes para los países pobres que los partidos y sus campañas.

Finalmente, no es moralmente correcto que nuestros impuestos sean utilizados para financiar ideas en las que no creemos, en lugar de financiar bienes esenciales que necesitamos para vivir en sociedad.

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